SANTO DOMINGO.-La promulgación de las modificaciones al Código Penal y la creación de la Comisión de Seguimiento y Socialización representan una oportunidad para que la República Dominicana inicie una nueva etapa en su sistema de justicia. Más allá de las diferencias que naturalmente genera una reforma de esta magnitud, el país cuenta ahora con un marco jurídico que busca responder a realidades del siglo XXI.

Ese fue precisamente el mensaje que predominó en el panel “Perspectiva de la Implementación del Nuevo Código Penal”, celebrado en la Universidad APEC. Juristas y académicos como Alejandro Moscoso Segarra, Harold Modesto, Pablo Ulloa, Miguel Valerio y Mirna Ortiz coincidieron en un punto esencial: el nuevo Código Penal no es perfecto, pero constituye un avance significativo frente a una legislación que durante años resultó insuficiente para enfrentar nuevas modalidades delictivas.

La incorporación de figuras como el bullying, el ciberbullying, nuevas tipificaciones de corrupción y otras conductas antes no contempladas demuestra la necesidad de actualizar el derecho penal dominicano. A ello se suma el reto de aplicar la nueva normativa con criterios de legalidad, proporcionalidad y respeto a las garantías fundamentales.

La creación de una Comisión de Seguimiento y Socialización también merece ser valorada. Su papel será determinante para orientar a jueces, fiscales, abogados y a la ciudadanía sobre los cambios que introduce la nueva legislación, favoreciendo una transición ordenada y reduciendo la incertidumbre propia de cualquier reforma.

Las observaciones y críticas a determinados artículos seguirán formando parte del debate democrático. Sin embargo, esas diferencias no deben opacar el consenso de fondo expresado por numerosos especialistas: el país necesitaba un nuevo Código Penal. Ahora el desafío no es discutir si debía existir, sino garantizar una implementación responsable, una correcta capacitación de los operadores del sistema y, cuando sea necesario, perfeccionar la norma mediante futuras reformas.

En definitiva, el éxito del nuevo Código Penal no dependerá únicamente de su contenido, sino de la voluntad de las instituciones para aplicarlo con independencia, transparencia y apego a la Constitución. Ese será el verdadero indicador de que la reforma habrá cumplido su propósito de fortalecer la justicia y ofrecer mayor protección a la sociedad dominicana.