SANTO DOMINGO.-Al destacar la fortaleza y la contundencia de la investigación que llevó al procesamiento judicial de la red de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, dijo esperar que se impongan las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público.

“Hemos presentado la medida de coerción que ha traído el Ministerio Público; que terminada la presentación de la medida no solamente está sustentada en unos 706 medios de prueba que ha aportado el Ministerio Público, sino, que, además, esas pruebas han llevado al menos a 13 de los imputados a admitir los hechos ante el tribunal”, dijo.

“Esto es una evidencia irrefutable de la fortaleza y contundencia de la investigación que ha realizado el Ministerio Público y que esperamos que, en consecuencia, el juez, al momento de ponderar lo que se le ha presentado por nuestra parte, dicte las medidas de coerción en los propios términos que ha solicitado el Ministerio Público”, destacó Camacho, al responder preguntas de la prensa a la salida de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional donde se conoció la solicitud de coerción y se fijó el fallo para el próximo domingo.

Camacho encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público en el proceso junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.

“Una parte de los implicados han colaborado con la investigación del Ministerio Público y, nosotros, siendo coherentes, como lo hemos hecho en todos los casos, en la medida en que las personas muestran: primero, arrepentimiento; admiten los hechos, pidiendo, incluso, excusa ante el tribunal, y aunque esto no es suficiente y el proceso sigue, sí el Ministerio Público solicitó al tribunal que se le imponga a estas personas, tomando en cuenta su colaboración, el arresto domiciliario”, declaró.

“Admitieron los hechos en el tribunal, y, repito, esa es una muestra de la contundencia y la fortaleza de la investigación del Ministerio Público”, reiteró el director general de Persecución.

El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo para el próximo domingo, 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.

El Ministerio Público mantiene la solicitud de prisión preventiva por 18 meses y la declaratoria de caso complejo contra Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo y Rodríguez Nova.

También, contra la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

Igualmente, contra los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré.

Durante la audiencia, Camacho solicitó la variación de la prisión preventiva, solicitada inicialmente, por arresto domiciliario respecto a los imputados Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo, quienes cumplirán la medida en los domicilios que ellos mismos han aportado al tribunal. “Estos imputados admitieron los hechos imputados y colaboran con la investigación del órgano persecutor”, detalló.

“Lo que sí puedo asegurar es que en este caso el Ministerio Público ha entregado al tribunal la evidencia suficiente para que se imponga la medida de coerción indicada por el Ministerio Público”, dijo durante la réplica.

“Las defensas confunden documentos con presupuestos el hecho de traer una cantidad de documentos, como certificados académicos, que no es un presupuesto, y además no tiene ninguna utilidad como para desvirtuar el peligro de fuga vinculado con el daño a resarcir y la pena imponible”, agregó.

En tanto que Mirna Ortiz reiteró que el bien jurídico protegido en este caso es el derecho a la salud. “Tal y como advertíamos en nuestra primera intervención, han querido dar un giro en sus exposiciones, reteniendo plantearle a este juzgador que ese caso se circunscribe a montos económicos y que, por tanto, si yo recibí poco, eso no constituye un delito, nada más alejado de la realidad”, dijo.

“Esto no se trata de los montos percibidos, porque el bien jurídico en este proceso no radica en cuánto recibió o dejó de recibir la persona, el bien jurídico protegido aquí es un derecho fundamental, que es el derecho a la salud”, expuso.

“Además, recordemos que estamos en el escenario de una medida de coerción. ¿Significa esto que son los únicos recibidos por esos ciudadanos? Los que están en la medida? No. Tenemos toda una fase de investigación abierta”, indicó.

“¿Qué ha traído el Ministerio Público a este tribunal? Lo necesario para agotar esa fase procesal, para crear la vinculación necesaria entre los hechos y los imputados, de manera tal que este juzgador se convenza de la necesidad de imposición de medida y del tipo de medida que el Ministerio Público está solicitando”, resaltó la titular de la Pepca.

“Muchos de estos montos ni siquiera podrán ser rastreados a través de transacciones bancarias. ¿Y ustedes saben por qué?. Distinguido juez, porque muchos de ellos, tal y como han declarado a este tribunal algunos de los imputados, eran montos entregados en efectivo, que se demuestran a través de otros tipos de pruebas”, señaló.

Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme a lo establecido en la norma procesal vigente, por existir pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.

El proceso judicial contra los que afectaron al SeNaSa

En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción. También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.

Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.

Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, y programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.

El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.

Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.

Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.

Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez arresto domiciliario.